¡Desterremos los abusos!

Jorge Rodríguez Grossi

La desigualdad y la sensación de abuso han sido indudablemente parte importante de los factores detrás de las manifestaciones de descontento. Por ello la agenda antiabusos, anunciada por el gobierno, va en el sentido correcto.

En efecto, una de las medidas anunciadas ataca un desequilibrio evidente entre bajas penas por delitos de “cuello y corbata” y altas penas por robos directos, situación que beneficia a delincuentes de sectores sociales más altos. Esa propuesta pena con cárcel determinados delitos, como colusión de empresas en bienes de primera necesidad, que de seguro se ampliará en el Congreso. Es indudable que casos como el del papel tissue, de los remedios y de los pollos, que han sido conocidos y denunciados gracias a la nueva legislación de delación compensada, tenderán a ser desincentivados si la penalidad se incrementa con presidio y se dan las herramientas suficientes a la Fiscalía Nacional Económica para aumentar su eficacia.

Antaño existía pena de cárcel, pero nunca se aplicó por la extrema debilidad institucional para detectar colusión y comprobar participación en los delitos. Ahora podrá haber denunciantes anónimos y la Fiscalía podrá profundizar su capacidad de investigación. Con esta iniciativa, a ser mejorada en el Congreso, no sólo se inhibe aún más la colusión, sino que se hace más equitativo el castigo a delincuentes independiente de su extracción social.

Una segunda medida va a proteger a los consumidores de letras chicas detestables en los contratos de adhesión. Es habitual que sea muy fácil contratar un servicio y terriblemente costoso e incómodo terminarlo. Igualmente, ocurren situaciones donde se venden servicios no solicitados al consumidor dándole un plazo para negarse que, una vez vencido se entiende como aceptado. Con ello el Servicio Nacional del Consumidor ampliará su capacidad para defender al consumidor de algunas prácticas que deben desaparecer porque son abusivas. También se anuncia una apertura o más transparencia para que los apoderados de escolares puedan acceder a la compra de textos de estudio más económicos. Recientemente se han denunciado abismantes diferencias de precios entre textos comprados por el Estado comparados con valores exhibidos en determinadas tiendas del rubro. Todo eso es repudiado por la ciudadanía al igual que en el caso de los remedios.

Por último, se anunció un conjunto de medidas para disminuir trámites notariales, reducir cobros en los Conservadores de Bienes Raíces y la tan anhelada “portabilidad financiera” para facilitar la movilidad de los deudores hipotecarios entre instituciones financieras buscando las más convenientes.

Todas estas medidas, que ojalá sean rápidamente acogidas por el Congreso, van en la dirección de defender a los consumidores obligando al mercado a privilegiar la honradez y su competitividad. La colusión, el entorpecimiento a la movilidad de los consumidores hacia otras empresas, la venta indebida o semioculta de servicios no demandados, las comisiones innecesarias si se quiere renegociar un contrato, entre muchas situaciones más, van destruyendo la calidad moral y práctica del mercado como eficiente instrumento económico, y es deber del Estado evitarlo.